Desde enero de 2025, entró en vigor un nuevo sistema para actualizar el precio de los alquileres de vivienda habitual. Este método, establecido en la normativa vigente, introduce el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), diseñado para reemplazar el tradicional Índice de Precios al Consumo (IPC) en la actualización anual de las rentas. En Apialia te explicamos cómo este índice afecta a inquilinos y propietarios.
Hasta 2024, las subidas de los alquileres estaban limitadas por medidas excepcionales: un máximo del 2% en 2022 y 2023, y del 3% durante 2024. A partir de 2025, la actualización se basa en el IRAV, cuyo cálculo considera la variación anual del IPC, la inflación subyacente y una tasa media ajustada. Esta última incluye dos factores clave: un coeficiente que refleja el crecimiento a largo plazo y otro que considera las condiciones del mercado, manteniendo la estabilidad en las subidas.
El objetivo principal de este cambio es proteger a los inquilinos de incrementos excesivos, especialmente tras los altos niveles de inflación registrados en 2022. En aquel periodo, el IPC alcanzó valores históricos debido al aumento de los costos energéticos, la recuperación económica post-pandemia y la inestabilidad internacional. Para evitar que estas situaciones se traduzcan en alzas descontroladas de los alquileres, el nuevo índice ofrece una referencia más equilibrada.
La actualización de la renta seguirá siendo anual y deberá ser notificada al inquilino con al menos un mes de antelación. El arrendador utilizará el valor publicado por el organismo de estadísticas oficial, que se actualizará cada mes. Por ejemplo, si la renta mensual es de 1.200 euros y el índice publicado en mayo de 2025 indica un 2,19%, el cálculo será: 1.200 x 0,0219 = 26,28 euros. La nueva renta mensual quedaría en 1.226,28 euros.
Este sistema se aplicará a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la normativa, mientras que los anteriores mantendrán las condiciones pactadas. Quedan excluidos los alquileres temporales, de habitaciones, locales comerciales, oficinas, garajes y trasteros. Así, se busca un equilibrio entre la protección de los inquilinos y la estabilidad para los propietarios.
